Marzo 30, 2025.- Hoy domingo 30, inicia el periodo de campaña de la elección judicial para renovar la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, de ahí que por los siguientes 60 días alrededor de 3 mil 400 candidatos podrán hacer proselitismo con un marco legal que los limita prácticamente a dos canales de acción: redes sociales y volanteo en papel reciclable.
En consecuencia, los electores tendrán escasas posibilidades de generar un voto informado frente a un cúmulo de personas inscritas en las boletas; para indagar los perfiles de los candidatos será necesario ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral (INE) y luego explorar el micrositio donde se irán cargado las fichas curriculares en el espacio denominado Conóceles.
En esta elección inédita no participan los partidos políticos y tampoco habrá espots de contendientes en radio y televisión, sólo promocionales genéricos de las autoridades electorales; además, están prohibidos los eventos masivos.
Por ello, desde días anteriores, algunos candidatos abrieron sus cuentas en redes sociales no tradicionales para abogados y juzgadores en funciones: TikTok, Facebook e Instagram.
El día de la elección los ciudadanos tendrán que elegir entre varios cientos de nombres, tanto de las seis elecciones federales como las de nivel local; en 19 entidades se renovará el Poder Judicial estatal.
Así, una de las opciones para el elector será hacer búsquedas previas por lo menos para saber quiénes son algunos de los candidatos enlistados, y eventualmente practicar su voto en la aplicación electrónica que en los próximos días emitirá el INE.
Según las cifras preliminares –todavía ayer hubo bajas y altas en las listas– de las contiendas de alcance nacional, 64 personas candidatas a ministros disputarán los nueve espacios de decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, 38 personas estarán en pos de alguna de las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, actual Consejo de la Judicatura, mientras que 15 buscarán alguna de las dos vacantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el nivel regional, de salas del TEPJF, se reportan 95 candidaturas, de 15 espacios en disputa, mientras que para ámbitos territoriales más pequeños, había de manera preliminar mil 640 lugares en competencia por 464 magistraturas de tribunal de circuito, y mil 570 para 386 espacios en juzgados de distrito.
A su vez, los candidatos deben someterse a reglas estrictas de fiscalización de sus gastos personales, de su bolsillo, sin donaciones de ningún tipo, aunque sí pueden solicitar créditos bancarios; ante fallas graves la sanción máxima es la pérdida del registro.
Marzo 7, 2025.- Después de 22 horas de debate entre las partes, una jueza federal vinculó esta mañana a proceso a los cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán detenidos por presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, la jueza de control Patricia Sánchez Nava desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC, quienes quedaron procesados por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la maratónica diligencia, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, fueron desechadas por la jueza.
En el caso del exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el exfuncionario sólo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo, a la que se señala de beneficiarse con los contratos de arrendamiento, servicios y la compraventa a sobreprecio de los cuarteles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que en algunos casos se falsificó su firma.
Alexander Rubén Castillo, abogado de Maldonado Mendoza, señaló que la entrega de los contratos de arrendamiento, mantenimiento y limpieza, así como el de la compraventa fueron autorizados por el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno del estado y no por su cliente.
Vestido con el uniforme de preso, Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, compareció ante la jueza y aseguró que “se le achacan malas funciones que están en el reglamento” de la dependencia en la que laboró de 19 de julio de 2017 al 15 de abril de 2019.
En tanto, el abogado de Delgado Murillo dijo que su cliente ya no era funcionario público al momento de los hechos que le imputan y cuestionó: “Con cuatro oficios pretenden fincarle cuatro tipos penales. Él elaboró no firmó y aun así sólo gestionó no tomó las decisiones, sólo realizó labores de gestión”.
La defensa de Elizabeth Villegas pidió a la jueza que el acuerdo reparatorio por 970 millones de pesos que el gobierno de Michoacán firmó con Inmobiliaria DIP, -que extinguió la acción penal contra la empresa-, beneficiaria a los cuatro exfuncionarios detenidos la semana pasada por la FGR.
Sin embargo, la jueza Patricia Sánchez Nava desechó los argumentos y vinculó a proceso a los excolaboradores de Silvano Aureoles, quienes permanecerán presos, y concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Ante el revés judicial, los imputados pueden recurrir al acuerdo reparatorio con el gobierno de Michoacán, en el que se declaren culpables y regresen una parte del monto dañado al erario, como lo hizo en noviembre de 2024 la Inmobiliaria DIP, que pagó 970 millones de pesos a las autoridades michoacanas para extinguir la acción penal en su contra.
Marzo 31, 2025.- Marisela Morales, exprocuradora General de la República (PGR) durante el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, busca alcanzar el apoyo electoral para convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin importar su pasado plagado de acusaciones de violaciones a derechos humanos y de violaciones al debido proceso penal.
Morales logró colarse en la lista de aspirantes a la SCJN a través de las propuestas del Poder Judicial para competir por dicho cargo en las históricas elecciones que se celebrarán el próximo domingo 1 de junio.
En un evento realizado este domingo en la colonia Santa María Tomatlán, en la alcaldía Iztapalapa, Morales destacó la importancia de fortalecer la autonomía del sistema de justicia en México.
Entre sus propuestas, destacó la defensa de los abogados de oficio y la promoción de instituciones judiciales especializadas en la atención de casos con perspectiva de género.
El propio perfil de Marisela Morales genera un gran contraste con sus promesas debido a su desempeño como procuradora durante el sexenio de Felipe Calderón.
Su carrera en la Procuraduría General de la República (PGR) estuvo marcada por el uso de testigos protegidos, arraigos ilegales y acusaciones de fabricación de pruebas en casos de alto perfil.
Durante su gestión, se utilizaron testigos protegidos como José Salvador Puga Quintanilla (“El Pitufo”), Roberto López Nájera (“Jennifer”) y Sergio Villarreal Barragán (“Mateo”), quienes participaron en numerosos casos sin pruebas sólidas.
A esto se suman denuncias por tortura y violaciones al debido proceso, lo que derivó en la liberación del 98 por ciento de los acusados en los expedientes presentados por la PGR bajo su mando.
Uno de los casos más polémicos fue el “Michoacanazo” en 2009, donde se detuvo a más de 40 servidores públicos, incluidos once alcaldes, bajo acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La mayoría de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, lo que generó señalamientos sobre la manipulación de evidencias y la fabricación de delitos.
Otro caso relevante fue la detención del excomisario general de la extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien pasó cuatro años en prisión tras denunciar los presuntos vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Herrera Valles fue finalmente exonerado, y las pruebas en su contra resultaron ser falsas.
A pesar de estos antecedentes, Morales Ibáñez logró mantenerse dentro del servicio diplomático mexicano.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue designada cónsul en Milán, y en 2018 la Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal en su contra por las denuncias de violaciones al debido proceso.
Durante su administración en la PGR, Morales Ibáñez trabajó en coordinación con el entonces secretario de Seguridad, quien lideraba la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón Hinojosa.
Fue designada para esa dependencia en abril de 2011, hasta el término del mandato de Calderón en noviembre de 2012.
NO VOTES POR ESTA RATA.
Abril 1, 2025.- A unos meses de que se celebren las Elecciones Poder Judicial 2025, el candidato a ministro, César Gutiérrez Priego, lanzó una fuerte acusación contra Ernesto Zedillo durante el inicio de su campaña.
Dicho señalamiento lo fundamentó al explicar que fue su padre, el ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien detectó los vínculos de Ernesto Zedillo y familia con el narcotráfico.
Por el caso de su padre Jesús Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez Priego señaló a Ernesto Zedillo de tener nexos con el narcotráfico.
Y es que con su candidatura a ministro, el caso de su padre ha vuelto a ser mencionado, para vincularlo con el narcotraficante Amado Carrillo “El señor de los cielos”.
Por ello, aprovechó el inicio de su campaña para desmentir lo anterior y aclarar que fue su padre quien descubrió los nexos de Ernesto Zedillo con el narcotráfico, razón por la que fue condenado injustamente acusado de falsos delitos.
Incluso señaló que como parte de la detención injusta de Jesús Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez Priego y su familia fueron torturados para declarar en contra del ex general.
César Gutiérrez Priego actualmente cuenta con más de 25 años de trayectoria como abogado.
Ha escrito columnas de opinión sobre Derecho Penal, Militar y Seguridad en distintos medios de comunicación, como La Silla Rota y El Heraldo de México.
César Gutiérrez Priego también fundó la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados A.C., tras la injusta condena de 40 años de cárcel que recibió su padre, acusado de delincuencia organizada.
Hola, soy Jose Lapiz. Todos los días, mi equipo y yo trabajamos duro para mantenerte informado con las noticias verdaderas y no como lo hacen los medios tradicionales chayoteros que actualmente solo se dedican a atacar a López Obrador con sus noticias falsas. Nosotros apoyamos el cambio.
Marzo 31, 2025.- Este 30 de marzo dieron inicio las campañas rumbo a la elección judicial que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio. En esta jornada electoral extraordinaria se renovarán jueces de distrito, magistrados de circuito y electorales, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Comité de Evaluación, integrado por representantes de los tres Poderes de la Unión, revisó y validó las postulaciones para elaborar una lista de perfiles idóneos. Posteriormente, en febrero, se realizó una insaculación pública para garantizar la equidad en la selección de los candidatos, considerando la especialización por materia y la paridad de género.
En total, se elegirán 881 cargos, distribuidos de la siguiente manera:
Aquí te compartimos la lista completa de los candidatos en esta elección histórica:
Finalmente te dejamos aquí el sitio Web del INE en el que podrás encontrar el perfil de cada una de las candidatas y candidatos para que puedas estudiar y analizar el perfil de cada uno: CONSÚLTALO AQUÍ.
Marzo 26, 2025.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Secretaría de Marina, detuvieron a Óscar Daniel ‘N’, ex subdirector de Seguridad Pública del municipio de Chicoloapan.
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión a comerciantes, según informó la Fiscalía.
Fuentes de la institución de procuración de justicia del Estado de México indican que Óscar Daniel había sido objetivo de la primera fase del Operativo Enjambre, llevada a cabo en noviembre de 2024. Sin embargo, obtuvo un amparo que había impedido su captura en esa ocasión.
El detenido, presuntamente en complicidad con otro mando policiaco, estaría vinculado con actividades delictivas de ‘La Familia Michoacana’ en la región oriente del Estado de México, según señalaron las fuentes.
Tras su aprehensión, fue trasladado al penal de Texcoco, donde se determinará su situación legal ante la Autoridad Judicial. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto relacionado con el ahora detenido.
Cabe recordar que como parte del Operativo Enjambre, a principios de febrero fue detenido el alcalde electo del municipio mexiquense de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis "N", alias "Wicho", quien se encontraba prófugo después de escapar de las autoridades el día de su toma de protesta.
El operativo ha tenido un alcance significativo, abarcando municipios como Naucalpan, Coacalco, Santo Tomás de los Plátanos, Texcaltitlán, Tejupilco, Chicoloapan, Amanalco e Ixtapaluca.
Finalmente, las autoridades han enfatizado la continuidad del Operativo Enjambre, señalando que aún existen órdenes de aprehensión por ejecutar.