Julio 3, 2025.- El caso del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien busca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retire su nombre de los libros de texto “Proyectos Comunitarios” en los que lo califican como “persona discriminatoria y violenta”, dividió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Segunda Sala registró un empate en la votación del proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que propone conceder el amparo a Córdova Vianello, quien impugnó la determinación de la SEP de incluir su nombre, sin su consentimiento, en el libro de texto gratuito “Proyectos Comunitarios” para sexto grado de primaria, donde se le denomina como “persona discriminatoria y violenta”.
En sesión de este miércoles, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama se pronunciaron en contra de la propuesta, mientras que los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, a favor de amparar al exfuncionario.
De esta manera, en la desempate el 6 de agosto, se llamará a un ministro de la Primera Sala de la Corte para el desempate del asunto.
En su proyecto de resolución, el ministro Laynez Potisek señala que la publicación reclamada constituye una descalificación personal hacia Lorenzo Córdova, pues el incidente al que hace referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el exservidor público reconoció públicamente la gravedad del hecho y se disculpó.
Asimismo, afirma que la inclusión de su nombre en los libros de texto, modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona, ya que sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional.
Por lo que, propone concederle el amparo para el efecto de que la SEP se abstenga de continuar con la distribución del libro “Proyectos Comunitarios” y, en su caso, se suprima la mención de Lorenzo Córdova en posteriores ediciones.
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Julio 3, 2025.- La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados trabaja para avanzar en la solicitud de desafuero contra Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, con el objetivo de tener un dictamen antes de que finalice julio.
Así lo confirmó el diputado de Morena Hugo Eric Flores, presidente de dicha Comisión, quien informó que ya recibieron una respuesta de la Fiscalía de Campeche, la cual fue requerida hace casi un mes para conocer si existen nuevas diligencias en el caso contra el también legislador federal.
Con esta información, explicó que se convocará a una sesión de trabajo con los integrantes de la Sección Instructora, donde Morena tiene mayoría, para iniciar la elaboración del dictamen que permita determinar si procede o no el retiro del fuero al corrupto Alito Moreno.
La Fiscalía General de Campeche presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente priista en 2022 por presunto enriquecimiento ilícito. Esto debido a una desproporción entre sus propiedades e ingresos.
De acuerdo con información obtenida en el portal de transparencia, Alejandro Moreno percibía un salario neto de 75 mil 763 pesos mensuales hasta 2023, cuando desempeñaba el cargo de diputado federal.
No obstante, en su declaración patrimonial el líder priista señaló que es propietario de dos casas, 11 terrenos, así como al menos 5 vehículos, todo con un valor que supera los 12.9 millones de pesos.
Actualmente, Moreno recibe un salario de más de 120 mil pesos mensuales por su cargo como senador, además de una percepción mensual cercana a los 100 mil pesos por estar al frente de la dirigencia del PRI.
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