Los Thompson, socios operativos de la red de huachicol ligada a Ruffo Appel

Julio 23, 2026.- Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Ernesto Ruffo Appel como cabeza de una red millonaria de huachicol, los empresarios Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez también son señalados como piezas clave en el entramado.  

Ricardo Thompson Navarro es uno de los ocho detenidos por la FGR por presuntamente formar parte de una red de huachicol supuestamente liderada por Ernesto Ruffo Appel, pero según el expediente su rol era más funcional que de mando.

De acuerdo con los registros públicos, en 1993 Ricardo Thompson Navarro fundó la empresa Servicios Portuarios, en Ensenada.

Dicha entidad empresarial es señalada por la FGR de ser una de las dos que aportaron la estructura requerida para que, 30 años después, surgiera Ingemar, SA de CV, en la que Ruffo Appel es uno de los principales accionistas, y que traficó ilegalmente millones de litros de combustible durante el sexenio pasado. 

Sus accionistas y fundadores fueron Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro (socio mayoritario) y María Lizete Guiza Legaspy.

Para el 15 de noviembre de 2018 la empresa de Ruffo y socios amplió su objeto para incluir la prestación de servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, recibirlos en las instalaciones correspondientes conforme a los permisos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener); la construcción, instalación, operación y explotación de todo tipo de terminales intermodales de carta (ferroviarios, marítimos o automotores), parques industriales, instalaciones para el autotransporte, bodegas, almacenes, silos y talleres, entre otras particularidades que metieron de lleno a la empresa en el sector de los hidrocarburos.

El documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019.

El objeto de la sociedad era la construcción de puertos marinas terminales, escolleras, realizar dragados, pilotear y realizar obra civil marítima y portuaria de cualquier clase, gestionar, recibir y operar concesiones por cuenta propia o de terceros para desarrollar infraestructura portuaria; ejecutar contratos de mantenimiento de infraestructura portuaria, entre otros.

En esa asamblea fue designado gerente general de la empresa Ricardo Thompson Navarro, cargo que aún ostenta dentro de la sociedad.

El 27 de julio de 2018 fue designado apoderado legal de ambas empresas José Merino Valdez Cuervo, quien el 9 de agosto de ese mismo año crearía Ingemar, SA de CV, como asociado de ambas empresas, propiedad de los Thompson.

Su consejo de administración quedó conformado por Valdez Cuervo, presidente; Thompson Ramírez, secretario, y Thompson Navarro, como vocal; la comisaria de la sociedad fue Yolanda Navarro Samano.

En asamblea del 12 de octubre de 2018, apenas a unos meses de haber sido creada, Ingemar amplió su objeto social para “prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; recibirlos en puntos de recepción, almacenarlos, conservarlos, prestar el servicio auxiliar de terminal de carga ferroviaria”, entre otras funciones que le permitieron ingresar en el mercado energético la víspera del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fue hasta el 19 de noviembre de 2021 que la empresa aumentó su capital fijo de 50 mil a 60 mil pesos y fueron revocados los apoderados y funcionarios del Consejo.

En dicha asamblea extraordinaria ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista, con 30 mil pesos, y el mismo número de acciones y fue nombrado secretario del Consejo de Administración; Valdez Cuervo se quedó con un total de 55 mil 500 acciones y fue designado presidente del Consejo; Dragados y Puertos, con 12 mil 500, y Servicios Portuarios, con 12 mil acciones.

En diciembre de 2023, la Sener, entonces encabezada por Miguel Ángel Maciel Torres, otorgó cuatro permisos a Ingemar para la importación de 500 millones de litros de gasolinas, pese a que empresarios del sector advirtieron que ni siquiera tenía la infraestructura para transportar los combustibles.

Los cuatro permisos, otorgados en aquel diciembre de 2023, vencían en diciembre de 2024, antes de que el gobierno federal detectara las irregularidades en los reportes aduanales de Ingemar.

En ese tiempo, 2023, Ricardo Thompson Navarro se deslindó públicamente y exigió investigar a Ruffo Appel, pues afirmó que en 2021 el exgobernador y José Merino Valdez Cuervo, también accionista, lo despojaron de sus acciones en Ingemar pasando de tener 33% a menos de 1%, pero en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio él continúa apareciendo como socio de dicha empresa con 12 por ciento.

La FGR  reconoció que Thompson Navarro no tenía funciones de administración en la red de huachicol, sin embargo, sí sirvió como soporte operativo de la organización vía Servicios Portuarios y Dragados y Puertos. 

Julio 29, 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ejecutó este martes una orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

El operativo se realizó en su domicilio de la colonia Los Arcos, en la capital del estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se formalizó a las 9:20 horas de este martes, aunque el operativo en el domicilio del exfuncionario comenzó desde la noche anterior. 

Los hechos que se le imputan corresponden al expediente 02-2023-0034 y tienen como víctimas a José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

Las autoridades le imputan desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo, cargos derivados de hechos que afectan a dos personas, -según el expediente judicial-.

Durante el mismo operativo, las autoridades capturaron a Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal. 

El juez también giró mandamientos judiciales contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, señalados como implicados en la misma causa penal. 

Mendívil García se desempeñó como fiscal regional de Mexicali hasta diciembre de 2021, durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández. Al concluir ese cargo, asumió la dirección de la Policía Municipal de Mexicali durante dos años, en la administración de Norma Alicia Bustamante, función que ejerció hasta 2024. 

Después de concluir su etapa en el servicio público, el exfuncionario asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO). 

Julio 28, 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno mexicano y que permanecen pendientes, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que dichas peticiones "deberían revisarse" al ser consultado sobre la falta de respuesta a los requerimientos formulados por México durante una conversación en el marco de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

• "No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro", -respondió el funcionario cuando fue cuestionado por los casos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente, incluido el del exmandatario tamaulipeco-.

La declaración ocurre después de que Sheinbaum reclamara en diversas ocasiones que Washington no ha atendido las solicitudes de extradición enviadas por México, pese al nivel de cooperación bilateral en materia de seguridad. 

De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno mexicano, entre 2018 y 2026 se presentaron 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 continúan sin resolución.

Uno de los expedientes pendientes corresponde a García Cabeza de Vaca, quien reside en Estados Unidos y enfrenta en México investigaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

La presidenta ha sostenido que el exgobernador es prófugo de la justicia mexicana y que, tras resoluciones judiciales recientes, su administración mantiene vigente la petición de extradición. También ha cuestionado que el gobierno estadounidense no haya respondido a esa solicitud